"Conflicto de interés en la burocracia "

Casi todos los políticos son camaleones; cambian de opinión, de visión y de compromisos, siempre en línea sólo con sus intereses. Pasar del servicio público al sector privado en detrimento de los intereses del país que alguna vez juraron respetar y defender, se ha convertido en una práctica deshonesta heredada por la transición política y que, hasta ahora, ha eludido, en muchos casos, el cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Los ex funcionarios de gobiernos federales o regionales que transitan hacia empresas o actividades privadas casi siempre capitalizan para sí mismos su experiencia, los contactos y la información privilegiada que manejaban en el sector público. ¡Tienen que trabajar en algún sitio! ¡La vida no se acaba cuando abandonan el gobierno! ¡De algo tenemos que vivir! ¡Ya le dimos todo nuestro esfuerzo a la nación! Son sólo algunas frases que usan quienes justifican esta migración del servicio público al sector privado, como si el país realmente los necesitara y, más aún, cuando es claro que se convirtieron en burócratas para asaltar las arcas públicas y hacerle honor a aquella frase de que vivir fuera del presupuesto es un error.
El problema que se presenta cuando éstos funcionarios emigran al sector privado es que de inmediato utilizan la información pública que pertenece a la nación para venderla a empresas nacionales o extranjeras, disfrazada mediante la contratación en puestos ejecutivos, y convertirla en jugosos negocios. Y casi siempre encuentran el camino para evadir las regulaciones en la materia que, por supuesto, son muy laxas.
Otro de los escenarios similares de abuso de poder, tráfico de influencias y uso ilícito de información gubernamental privilegiada, es el caso de los abogados litigantes que llegan al Congreso y desde sus curules con fuero patrocinan causas claramente vinculadas con intereses privados de sus clientes sin importar la afectación pública que esto ocasione.
En esa misma línea observamos cómo un exsecretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz) decide aceptar el cargo de “consejero independiente” en un banco extranjero que controla una subsidiaria en México, a lo cual sólo renuncia después de las duras críticas públicas, o participa en la constitución de una fundación “privada” como Vamos México que operaba con miras a las siguientes elecciones presidenciales.
Por ello, cuando un ex funcionario del gobierno federal, que se consideró ligado –al menos en la opinión pública y en la memoria periodística– con ciertos grupos políticos y de poderes fácticos, además de protagonizar enfrentamientos públicos con ciertos funcionarios, decide enarbolar una cruzada contra la corrupción, lo menos que provoca es una duda razonable.
Constituir una Asociación Civil, como Transparencia Nacional, puede no ser suficiente para legitimizar la causa. Pero, sin duda, serán los hechos los que absolverán a los bienintencionados y, tal vez, arrepentidos que buscan contribuir a reducir los altos niveles de corrupción e impunidad en el país. Son pocos, muy pocos, los ex funcionarios que se atreven a enfrentarse a los poderes que, tal vez, un día patrocinaron. A menos que, de por medio, exista un plan político más relevante o simplemente una sed de venganza. La pregunta es ¿acaso no hay servidores públicos bien intencionados dispuestos a servir a la población, a su patria y al Estado?

PUBLICADO POR MAGALY SANTA MARIA RODRIGUEZ.